MONOPOLIOS:
LA DESNACIONALIZACION ARGENTINA
DE SU ECONOMIA Y EMPRESAS
En abril del 2004 requerimos ante la Justicia Federal que el Poder Ejecutivo cumpliera con la Constitución Nacional, que establece los derechos a la defensa de la competencia, del usuario y el consumidor (Art. 42º).
La Ley Nº 25.561, de octubre de 1999, ordenó al Ejecutivo constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia en un plazo de 120 días (Art. 60º).
Han pasado 10 años y el Tribunal no está conformado. El Ejecutivo sigue violando la Constitución y la Ley.
Nuestros adversarios, asociados en la causa, fueron el Gobierno y dos empresas monopólicas.
La Justicia Federal, mediante 21 resoluciones del Juez de Primera Instancia y de la Cámara Federal, todas ajustadas a derecho, más 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia, nos dieron la razón, condenando al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley.
Sorprendentemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 meses después de emitir fallo definitivo, revoca su sentencia y habiendo perdido la jurisdicción por agotamiento de instancia, reabre la causa y resuelve lo contrario a lo sentenciado meses antes.
Este arbitrario, contradictorio, preclusorio (dicta 2 fallos opuestos en la misma causa) e ilegítimo fallo, obrante en el Expediente 77.334, no tiene precedentes en la historia judicial de Argentina ni del mundo.
Acredita la inseguridad jurídica vigente en nuestro país, que repudian las naciones civilizadas y nos coloca entre los países menos seguros.
La Ley Nº 25.561, de octubre de 1999, ordenó al Ejecutivo constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia en un plazo de 120 días (Art. 60º).
Han pasado 10 años y el Tribunal no está conformado. El Ejecutivo sigue violando la Constitución y la Ley.
Nuestros adversarios, asociados en la causa, fueron el Gobierno y dos empresas monopólicas.
La Justicia Federal, mediante 21 resoluciones del Juez de Primera Instancia y de la Cámara Federal, todas ajustadas a derecho, más 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia, nos dieron la razón, condenando al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley.
Sorprendentemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 meses después de emitir fallo definitivo, revoca su sentencia y habiendo perdido la jurisdicción por agotamiento de instancia, reabre la causa y resuelve lo contrario a lo sentenciado meses antes.
Este arbitrario, contradictorio, preclusorio (dicta 2 fallos opuestos en la misma causa) e ilegítimo fallo, obrante en el Expediente 77.334, no tiene precedentes en la historia judicial de Argentina ni del mundo.
Acredita la inseguridad jurídica vigente en nuestro país, que repudian las naciones civilizadas y nos coloca entre los países menos seguros.
Desnacionalización Argentina y de empresas
Entre los miles de argumentos y pruebas ofrecidos, que la Corte no tuvo en cuenta y que alteran el derecho de defensa, cobran trascendencia los relacionados con la desnacionalización de la economía y de empresas.
Demostramos en la causa 77.334, que en vez de ser el Tribunal Nacional, único organismo Constitucional con facultades para tratar concentraciones y fusiones, funcionarios políticos resolvían sobre aspectos de la economía. En la actualidad, Guillermo Moreno.
Esta violación legal (Art. 59º) fue inexplicablemente ratificada por la Corte, que ahora se queja del atropello del Ejecutivo sobre la Justicia.
Su beneficiario, Horst Paullman, le compró a Néstor Kirchner los cuestionados terrenos fiscales de Calafate en U$S. 2.400.000.
Durante 5 años denunciamos el proceso de monopolización, venta y extranjerización de la economía.
Esto y el incremento de la pobreza contradice el falaz discurso panfletario de distribución de la riqueza pregonado desde el Poder Ejecutivo.
La ley 25.156 prohíbe el “abuso de posición dominante”. Pero …
Demostramos en la causa 77.334, que en vez de ser el Tribunal Nacional, único organismo Constitucional con facultades para tratar concentraciones y fusiones, funcionarios políticos resolvían sobre aspectos de la economía. En la actualidad, Guillermo Moreno.
Esta violación legal (Art. 59º) fue inexplicablemente ratificada por la Corte, que ahora se queja del atropello del Ejecutivo sobre la Justicia.
Su beneficiario, Horst Paullman, le compró a Néstor Kirchner los cuestionados terrenos fiscales de Calafate en U$S. 2.400.000.
Durante 5 años denunciamos el proceso de monopolización, venta y extranjerización de la economía.
Esto y el incremento de la pobreza contradice el falaz discurso panfletario de distribución de la riqueza pregonado desde el Poder Ejecutivo.
La ley 25.156 prohíbe el “abuso de posición dominante”. Pero …
MONOPOLIOS
Sobre datos del “Instituto Argentino para el Desarrollo Económico”, hace dos años denunciamos que sólo 2 empresas fabricaban tolueno, del que deriva el plástico.
Una sola empresa – Siderar – producía el 99% de chapa laminada en frío y el 84% de laminada en caliente.
Aluar tenía el monopolio del aluminio.
Tres empresas concentraban la venta de cemento.
Una, Profertil, la comercialización del 77% de fertilizantes; otra, Aventis, el 79% de los agroquímicos.
En alimentos, de grave incidencia en los bolsillos de la gente, una empresa Bimbo, el 62% del pan industrial; dos, Arcor y Danone, el 73% del mercado de galletas dulces y el 77% de las saladas.
Sancor y Danone comercializan el 70% de la leche fluida, chocolatada y yogures.
Sólo 3 empresas controlaban el 83% de las ventas en supermercados.
Esto llevó a José Sbatella a sostener que desde la Comisión de Defensa de la Competencia “se actuó en contra de los intereses de la sociedad, o de las empresas argentinas.” El gobierno lo obligó a renunciar como subsecretario.
El proceso de monopolización en poder de empresas extranjeras ha generado que Argentina pierda sus principales marcas líderes, y presencia en mercados internacionales.
El gobierno habla de distribuir, y permite la concentración y desnacionalización de empresas.
El Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Economía informó que en el 2008 fueron vendidas más de un centenar de empresas. El 66% fueron adquiridas por capitales extranjeros.
Una sola empresa – Siderar – producía el 99% de chapa laminada en frío y el 84% de laminada en caliente.
Aluar tenía el monopolio del aluminio.
Tres empresas concentraban la venta de cemento.
Una, Profertil, la comercialización del 77% de fertilizantes; otra, Aventis, el 79% de los agroquímicos.
En alimentos, de grave incidencia en los bolsillos de la gente, una empresa Bimbo, el 62% del pan industrial; dos, Arcor y Danone, el 73% del mercado de galletas dulces y el 77% de las saladas.
Sancor y Danone comercializan el 70% de la leche fluida, chocolatada y yogures.
Sólo 3 empresas controlaban el 83% de las ventas en supermercados.
Esto llevó a José Sbatella a sostener que desde la Comisión de Defensa de la Competencia “se actuó en contra de los intereses de la sociedad, o de las empresas argentinas.” El gobierno lo obligó a renunciar como subsecretario.
El proceso de monopolización en poder de empresas extranjeras ha generado que Argentina pierda sus principales marcas líderes, y presencia en mercados internacionales.
El gobierno habla de distribuir, y permite la concentración y desnacionalización de empresas.
El Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Economía informó que en el 2008 fueron vendidas más de un centenar de empresas. El 66% fueron adquiridas por capitales extranjeros.
Brasil encabeza la compra de empresas argentinas que han pasado a extranjeros, en forma total o parcial. Son compañías de todos los rubros imaginables: telefonía, alimentos, carne, ropa, construcción, bebidas, bancos, productos agropecuarios, limpieza.
Entre otras mencionamos: Loma Negra, Paty, Quilmes, Acindar (con casi el 99% de control extranjero), Topper, Bieckert, Milkaut, Pago Fácil, Gatic.
Un alto porcentaje de Grobo, emblemática empresa agropecuaria, fue adquirido por grupos brasileños.
Hace 4 años planteamos que INBEV (Brasil) en poco tiempo controlaría gran parte de las bebidas. Hoy tiene el 80% del mercado.
Brasil hoy tiene la mayor capacidad de faena del mundo, con cerca de 50.000 de cabezas diarias. Nos ha superado notablemente. Como Uruguay.
En Argentina compraron Quickfood, fabricante de Paty.
En el rubro alimentos, la chilena Cencosud se quedó con Jumbo, Disco, VEA, Unicenter, Plaza VEA, Easy, Los Amigos.
Compañía de Cervecerías Unidas de Chile adquirió la mayoría del capital accionario de Bieckert, Imperial y Palermo.
Fueron vendidas Alpargatas, Gatic e Indular, las principales fábricas de zapatillas.
En limpieza se transfirieron las empresas que fabrican Plusbelle, el lavavajillas Cristal y el jabón El Zorro.
En tecnología hace años cuestionamos la venta de CTI, Techtel y Ertach al empresario Slim, de México.
La americana Western Union adquirió las acciones de Pago Fácil.
Gran cantidad de bancos son controlados por accionistas extranjeros.
No olvidamos que en la década del 90 fueron vendidas o concesionadas las empresas de gas, electricidad, agua y cloacas; Aerolíneas Argentinas (hoy estatizada nuevamente, carece de patrimonio y nos cuesta U$S. 1.000.000 diarios); las centrales hidroeléctricas; altos hornos; los ferrocarriles (otro millonario déficit); las autopistas (también subsidiadas).
El mar atlántico ha sido abandonado. Es explotado por extranjeros.
La minería a cielo abierto, en manos extranjeras, deja migajas y contaminación, mientras se lleva miles de millones de dólares.
Si sumamos los millones de hectáreas de tierras vendidas en todo el país, equivalentes al territorio de la provincia de Buenos Aires, comprenderemos que sucede en Argentina.
Esta liquidación del patrimonio nacional, su riqueza en tierras, aguas y empresas, la denuncié ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos hace 2 años.
Casi el 40% de pobres e indigentes; miles de muertos por año, robos, delincuencia, inseguridad, narcotráfico; son prueba suficiente de la degradación y el vaciamiento nacional.
Debemos exigir el cumplimiento de la Constitución, tratados internacionales y leyes, desconocidos por este y anteriores gobiernos.
Sus responsables resultarán imputables de las penas que establece la Carta Magna cuando existan Estado de Derecho y una Justicia Independiente, y no esta parodia de democracia, que no es republicana, no es representativa y mucho menos federal.
Un alto porcentaje de Grobo, emblemática empresa agropecuaria, fue adquirido por grupos brasileños.
Hace 4 años planteamos que INBEV (Brasil) en poco tiempo controlaría gran parte de las bebidas. Hoy tiene el 80% del mercado.
Brasil hoy tiene la mayor capacidad de faena del mundo, con cerca de 50.000 de cabezas diarias. Nos ha superado notablemente. Como Uruguay.
En Argentina compraron Quickfood, fabricante de Paty.
En el rubro alimentos, la chilena Cencosud se quedó con Jumbo, Disco, VEA, Unicenter, Plaza VEA, Easy, Los Amigos.
Compañía de Cervecerías Unidas de Chile adquirió la mayoría del capital accionario de Bieckert, Imperial y Palermo.
Fueron vendidas Alpargatas, Gatic e Indular, las principales fábricas de zapatillas.
En limpieza se transfirieron las empresas que fabrican Plusbelle, el lavavajillas Cristal y el jabón El Zorro.
En tecnología hace años cuestionamos la venta de CTI, Techtel y Ertach al empresario Slim, de México.
La americana Western Union adquirió las acciones de Pago Fácil.
Gran cantidad de bancos son controlados por accionistas extranjeros.
No olvidamos que en la década del 90 fueron vendidas o concesionadas las empresas de gas, electricidad, agua y cloacas; Aerolíneas Argentinas (hoy estatizada nuevamente, carece de patrimonio y nos cuesta U$S. 1.000.000 diarios); las centrales hidroeléctricas; altos hornos; los ferrocarriles (otro millonario déficit); las autopistas (también subsidiadas).
El mar atlántico ha sido abandonado. Es explotado por extranjeros.
La minería a cielo abierto, en manos extranjeras, deja migajas y contaminación, mientras se lleva miles de millones de dólares.
Si sumamos los millones de hectáreas de tierras vendidas en todo el país, equivalentes al territorio de la provincia de Buenos Aires, comprenderemos que sucede en Argentina.
Esta liquidación del patrimonio nacional, su riqueza en tierras, aguas y empresas, la denuncié ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos hace 2 años.
Casi el 40% de pobres e indigentes; miles de muertos por año, robos, delincuencia, inseguridad, narcotráfico; son prueba suficiente de la degradación y el vaciamiento nacional.
Debemos exigir el cumplimiento de la Constitución, tratados internacionales y leyes, desconocidos por este y anteriores gobiernos.
Sus responsables resultarán imputables de las penas que establece la Carta Magna cuando existan Estado de Derecho y una Justicia Independiente, y no esta parodia de democracia, que no es republicana, no es representativa y mucho menos federal.
Autor: Edgardo Civit Evans - Asesor Económico Financiero
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