23/3/10

POLÍTICA - EL AJEDREZ DEL PODER

Cómo ganarle a los Kirchner ??
Es falsa la idea de que los Kirchner han superado los obstáculos y se encuentran recuperando la iniciativa. En verdad, todo sigue muy confuso y los Kirchner se benefician solamente por las contradicciones que irrumpen en el no kirchnerismo cada vez que logra un éxito y tiene la sospecha de que se acerca al poder. Entonces fracasa.

En ese contexto, la consultora Ipsos/Mora y Araujo fue más allá y elaboró algunas hipótesis muy preocupantes sobre el futuro político-económico-social argentino.

La captación de legisladores peronistas disidentes permitió al kirchnerismo obstaculizar la ofensiva opositora en el Congreso.

Esta captación se ha concentrado hasta ahora en legisladores con débil inserción política en sus provincias y carentes, por ello, de perspectivas electorales inmediatas: Latorre, en Santa Fe; Bongiorno en Río Negro.

Con escasos costos y esfuerzo, el oficialismo se mostró en condiciones de desactivar la mayoría opositora en el Senado y, con ello, la estrategia común de los distintos sectores de oposición: reducir el poder fiscal e institucional del Ejecutivo y así ampliar el margen de maniobra política de los líderes provinciales y municipales.

Paralizada la ofensiva opositora, el kirchnerismo ha ganado tiempo para implementar 2 iniciativas orientadas a reconstruir su poder dentro del peronismo y fortalecer sus chances hacia 2011:

> el adelantamiento de las elecciones presidenciales y
> la discusión de la ley de coparticipación federal de impuestos.

El adelantamiento electoral y la coparticipación apuntarían a ofrecer a los líderes territoriales peronistas un horizonte electoral y fiscal promisorio a cambio de mantener su lealtad al kirchnerismo.
En la visión del oficialismo, celebrar elecciones en marzo de 2011 le permitiría al gobierno nacional fortalecer sus chances electorales con los resultados económicos eventualmente positivos de 2010 y, desde esa posición de fuerza,obtener el apoyo activo de gobernadores e intendentes a una candidatura kirchnerista que entonces aparecería como electoralmente más atractiva que en las actuales circunstancias.

Además se evitaría votar sobre el final de un 2011 para el que se auguran niveles de inflación y de conflictividad social más elevados –merced, en parte, a la política económica nacional-.

La discusión de la coparticipación funciona, pues,aquí, como una póliza de seguros.
Mientras los líderes peronistas se entretengan debatiendo una nueva ley,el kirchnerismo tendría justificación para vetar cualquier cambio parcial a la distribución de recursos fiscales – i.e. los correspondientes al impuesto a las transacciones financieras, los Aportes del Tesoro Nacional, las deudas provinciales,etc.

Si el kirchnerismo ganara las elecciones, tendría poder suficiente como para desactivar la iniciativa.

Si perdiera,podría avanzar con el proyecto para así privar de recursos a un futuro presidente opositor, sea peronista o no peronista.

Los gobernadores e intendentes oficialistas ganarían, pues, sus propias reelecciones y,durante los meses de campaña electoral,los recursos discrecionales con los cuales su lealtad sería recompensada.

El kirchnerismo obtendría idealmente su reelección en el nivel nacional y conservaría,al cabo,el manejo discrecional de recursos fiscales sobre el cual ha fundado su gerenciamiento del poder desde 2003.
Pero estas iniciativas del kirchnerismo no toman en cuenta los incentivos ni las restricciones que enfrentan tanto los opositores como los propios oficialistas descontentos.

La captación de legisladores peronistas disidentes promete complicarse por la competencia entre ellos y por el costo de imagen implícito en cada captación.

La competencia entre peronistas disidentes para atraer los esfuerzos de captación del gobierno está en vías de intensificarse porque el conjunto de legisladores peronistas disidentes sin claras perspectivas electorales es bastante mayor al públicamente conocido.

Sin embargo, a la vez, el monitoreo crítico de los medios de comunicación y de la oposición no peronista está incrementando los costos de imagen de cada captación tanto para el kirchnerismo como para los peronistas disidentes cooptados.

La formación de coaliciones en el Congreso,por consiguiente, no dejaría de ser difícil para el oficialismo –dificultad a la cual se añadiría el costo político de gobernar por decreto y de vetar sistemáticamente iniciativas opositoras-.

El adelantamiento electoral sería contraproducente para el kirchnerismo si las elecciones para gobernadores e intendentes no se celebraran de manera concurrente con la presidencial.
En elecciones concurrentes una candidatura presidencial kirchnerista podría apostar al arrastre desde abajo de gobernadores e intendentes con alta imagen positiva.

En elecciones no concurrentes, en cambio, esos gobernadores e intendentes populares podrían despegar su suerte de una candidatura kirchnerista menos atractiva y el candidato presidencial oficialista quedaría librado a sus propias artes.

Para inducir a los líderes territoriales a aceptar un adelantamiento con elecciones concurrentes es que el kirchnerismo exhibe la zanahoria de una nueva ley de coparticipación, pero aún esta herramienta puede no ser del todo eficaz.

La discusión por la coparticipación podría servir de oportunidad a los oficialistas descontentos para romper con el kirchnerismo si las perspectivas electorales de una candidatura presidencial oficialista no mejoran.

Ante un horizonte electoral incierto, gobernadores oficialistas descontentos podrían presionar por aprobar una nueva ley de coparticipación en lo inmediato de manera tal de ganar autonomía frente a un kirchnerismo en decadencia.

A ese cálculo deben añadirse los problemas estructurales para la negociación de un nuevo esquema de coparticipación.

Tal esquema no sería viable sin incrementar el coeficiente correspondiente a la provincia de Buenos Aires: esta provincia podría complicar su aprobación en el Congreso y restarle al kirchnerismo una proporción decisiva de votos en la elección presidencial si el nuevo esquema no la favorece.

Pero mejorar la posición de Buenos Aires sólo es posible a costa de las demás provincias o del Tesoro Nacional, las demás provincias podrían responder del mismo modo que Buenos Aires ante un esquema perjudicial y la asunción de todos los costos por parte del Tesoro Nacional sería incompatible con los objetivos estratégicos del kirchnerismo.

La aprobación de una nueva coparticipación sería, pues, políticamente más viable en caso de una derrota del kirchnerismo que de su victoria.

Pese a la escasa viabilidad de las nuevas iniciativas kirchneristas, la posición del oficialismo continuaría siendo ventajosa por los problemas que enfrentan los distintos sectores de la oposición.

Ni el radicalismo ni el peronismo disidente pueden garantizar la formación de mayorías opositoras en el Congreso: no tienen suficientes legisladores, ni recursos económicos que distribuir para aumentar sus fuerzas, ni liderazgos fuertes con alta imagen positiva en condiciones de operar como coordinadores de coaliciones opositoras consistentes.

El peronismo disidente y el radicalismo tienen posiciones diversas sobre el adelantamiento de las elecciones: mientras a los peronistas disidentes puede atraerles la iniciativa si además se suspenden las internas abiertas en las que difícilmente puedan competir por carencia de avales suficientes para inscribirse como partido, los radicales prefieren que se vote lo más tarde posible y con el sistema electoral aprobado el año pasado tanto para resolver su propia interna de manera clara, como para complicar la interna peronista y conseguir que la elección se haga bajo condiciones económicas de alta inflación seguramente perjudiciales para cualquier candidato oficialista-.

Radicales y peronistas disidentes también tienen posiciones conflictivas sobre la coparticipación: mientras los radicales preferirían no modificar el status quo para así conservar recursos fiscales que puedan contribuir a producir gobernabilidad para una eventual administración suya desde 2011, los peronistas disidentes preferirían cambiar la ley de coparticipación tanto para complicar a un eventual gobierno radical como para facilitar ahora mismo la fuga de oficialistas descontentos hacia sus propias filas y así liquidar el poder kirchnerista.

En esta situación, la perspectiva es que todas estas posiciones conflictivas que están bloqueando la capacidad de los opositores para hacerse con el control de la agenda política fortalezcan el discurso antipolítico tan popular en los años finales de la convertibilidad que los medios de comunicación han reactivado para mejorar su posicionamiento social.

Acusando al oficialismo de corrupto y a la oposición de inútil, los medios parecen otra vez encaminados a alimentar un clima de opinión hostil hacia el conjunto de la dirigencia política.

Este clima de opinión en ciernes alienta a los liderazgos políticos con menor inserción en los partidos y menor vinculación con actores económicos organizados –sean sindicatos, empresarios o movimientos de desocupados-.

Liderazgos que, de triunfar en la próxima elección presidencial, carecerían de mayorías legislativas y de apoyos sociales consistentes para gobernar, y por ende sólo conducirían el proceso político a una crisis institucional.

Autores: Manuel Mora y Araujo - Alejandro Bonvecchi - Santiago Rossi
Fuente : Consultora IPSOS

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